Declaración en defensa de la salud de los venezolanos y las venezolanas ante la crisis del sector salud

Nosotros, un grupo de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, académicas e individualidades con interés y trabajo en el sector público de salud, cumpliendo con nuestro deber de participar en la promoción y defensa del derecho a la salud, nos pronunciamos acerca de la grave situación de la salud  en el país, debido a que el Ejecutivo Nacional ha venido incumpliendo las garantías expresadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre esta materia. 

El texto constitucional consagra en su artículo 83 que la salud es un derecho social fundamental que debe ser protegido y establece en las disposiciones  84 y 85 las diferentes obligaciones del Estado: garantizar  el efectivo acceso a un sistema público nacional de salud extendido a todo el territorio nacional; proporcionar tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad, así como el compromiso de asignar un presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de la política sanitaria. Todas estas garantías están siendo sistemáticamente incumplidas por el Ejecutivo, profundizando las desigualdades sociales en la salud y la destrucción del sistema público de salud en Venezuela.

Los avances registrados en el inicio de la Misión Barrio Adentro han experimentado retrocesos y estancamientos, como lo refleja la gran cantidad de establecimientos cerrados o funcionando a medio turno, además de la disminución de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud laborando en dicha política pública. Además, Barrio Adentro contribuyó a incrementar la fragmentación de la prestación del servicio público de salud, funcionando de manera paralela a la red pública tradicional dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de las gobernaciones a las que se les transfirieron servicios de atención médica.

Hoy, al igual que en el pasado, el desabastecimiento de insumos básicos y medicamentos, la falta de personal médico por renuncia o ausencia y los problemas derivados del deterioro de la infraestructura o una inadecuada planificación de obras que no responden a los estándares técnicos o que han quedado inconclusas continúan siendo parte de los principales problemas de los centros  públicos de salud que afectan especialmente a los sectores más humildes de nuestra población.

La situación de los trabajadores y trabajadoras, tanto del personal profesional, técnico, administrativo y obrero también debería ser motivo de preocupación para las autoridades nacionales. Recientemente se aprobó un aumento salarial a los/as médicos/as, insuficiente para enfrentar los altos índices de inflación y estimular su permanencia en el sistema. Sin embargo, el resto de los trabajadores y trabajadoras del sector salud continúa recibiendo sueldos de miseria, lo que ha motivado la movilización de gremios y sindicatos exigiendo salarios justos. La inseguridad, los problemas de dotación e infraestructura contribuyen, además, a que los trabajadores y trabajadoras del sector salud no puedan laborar en las condiciones necesarias para ofrecer un servicio digno y de calidad. Un dato ejemplifica la dramática situación de los hospitales: Para el año 2012 de las 28.895 camas que disponen los hospitales a nivel nacional –una cifra de por sí insuficiente para atender la demanda-, apenas 19.911 se encontraban operativas. 

Por otra parte, el Estado no ha garantizado programas estables de dotación de medicamentos, lo cual ha provocado interrupciones permanentes de suministro en los últimos años, por ejemplo para los personas con VIH y con condiciones de salud crónicas. Las denuncias sobre el desabastecimiento de medicinas se han agravado debido a las dificultades de acceso, para su importación, de las divisas a precio preferencial y las deficiencias presupuestarias. La poca supervisión en la reposición de los medicamentos ocasiona situaciones graves como las denunciadas por trabajadores y trabajadoras del sector salud, quienes aseguran que han venido realizando fumigaciones preventivas del dengue con insecticidas químicos  y medicamentos antimaláricos vencidos.

Asimismo, ha llegado a niveles alarmantes la ausencia de reactivos en laboratorios para diagnósticos preventivos y seguimiento de las condiciones de salud, así como la falta de operatividad  en que se encuentran los equipos de radioterapia  y de medicina nuclear de la Red  de Servicios de Atención Oncológica pertenecientes al sector público, además de fallas en la entrega de medicamentos  utilizados como agentes quimioterapéuticos.

Más del 60% de la población venezolana no cuenta con seguros privados ni públicos y 54% continúa asistiendo a los hospitales y ambulatorios públicos –según datos del último Censo realizado por el INE-, a pesar del mal estado en el que se encuentran estos establecimientos y de lo invertido en los CDI de la Misión Barrio Adentro. Sin embargo, en vez de fortalecer los hospitales y ambulatorios públicos con presupuestos suficientes y adecuadamente administrados, el Estado ha venido estimulando la privatización de la salud a través de convenios con clínicas privadas para la atención exclusiva de los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que de hecho ha contribuido a que los profesionales de la medicina y la población que no consigue atención en los establecimientos públicos, no tenga otra opción que migrar hacia la medicina privada, contrariando las garantías expresadas en la Constitución. 

Ante la situación descrita:

1.-Exhortamos al Ejecutivo Nacional y muy especialmente al nuevo ministro a declarar la Salud Pública en situación de emergencia y a convocar a un diálogo nacional con los sectores involucrados que pueden aportar a la solución.

2.-Elaborar un plan de corto y mediano plazo asignando en el Presupuesto 2014 recursos suficientes y conforme a lo establecido en las normas de elaboración presupuestarias vigentes. Exigimos que este plan sea público para facilitar la labor de la contraloría social y de los entes públicos.

3.- Que la Fiscal General nombre un fiscal especial para atender las denuncias sobre el derecho a la salud

Suscriben:

• Acción Solidaria ,Alianza Sindical Independiente (ASI), Civilis Derechos Humanos, Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS), Gladys Montenegro y Edgar Jiménez Coordinadores Nacionales de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) por el sector Salud., Justicia y Paz los Teques, Médicos por la Salud, Movimiento Autónomo de Trabajadores Independiente del Sector Salud (Mosbase Salud), Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Red de Sociedades Médicas, Sindicato de Hospitales y Clínicas, Sindicato de Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas (SUNTRAHUC), Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos, Administrativos, Contratados y Suplentes del sector salud y desarrollo social, Sociedad Médica Hospital Jesús Yerena, Transparencia Venezuela , Abogado Antonio Puppio, Doctor Rafael Rojas, Mauricio Gutiérrez Vocero de Positivos en Colectivo, Profesor UCV Absalón Méndez