10/22/2013 09:57:00 p.m.
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El presidente Nicolás Maduro y la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, están obligados a demostrar con hechos que su discurso contra la corrupción es una postura sincera y que la solicitud para que se apruebe una Ley Habilitante, que lo dote de poderes especiales para legislar en esta materia, es una necesidad real y no una coartada para la persecución y el pase de factura a quienes le critican o disienten, desde dentro y fuera de su Gobierno.

El oficialismo tiene la posibilidad cierta de convencer al país de que está dispuesto a librar una campaña sincera contra este flagelo que carcome las instituciones del Estado y la sociedad venezolanos si, por ejemplo, a través de la Asamblea Nacional, promueve la designación de un Contralor General de la República que actúe como cancerbero férreo de los dineros y bienes de la nación. ¿Por qué no lo ha hecho desde la muerte de Clodovaldo Rusián, quien fuera el último titular del cargo? Porque el oficialismo no tiene la mayoría calificada requerida para nombrar a uno de los suyos. 

¿Es sano y conveniente nombrar para este cargo a un militante del partido de Gobierno? 
Definitivamente no. Un gobernante honesto y de talante democrático, en el contexto de un sistema de balances y contrapesos institucionales, debería promover un gran acuerdo para que la Asamblea Nacional proceda a designar como Contralor a una personalidad absolutamente independiente, preferiblemente crítica de la gestión de gobierno, dotada de credenciales profesionales, morales y éticas que, acompañada por un Poder Judicial y una Fiscalía igualmente independientes y calificados, sea capaz de llevar a fondo una cruzada contra la corrupción y por el adecentamiento de la administración pública.

Similar medida podría tomarse frente al nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que está pendiente en el Parlamento Nacional, así como ante el proyecto de reforma de la Ley contra la corrupción, sospechosamente engavetada en la Comisión de Contraloría desde hace largo tiempo. 
¿Es necesaria una Ley Habilitante para tomar estas medidas? 
Evidentemente no. 

Solo se necesita un compromiso sincero, coherente y consecuente en la lucha contra la corrupción, en vez de andar allanando la inmunidad de adversarios políticos para modificar fraudulentamente la correlación de fuerzas parlamentarias, o reclutando al diputado 99 a base de chantajes o prebendas; o sea, a base de métodos corruptos y mafiosos. 

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