Criminalizados por luchar, presos por defender derechos. El caso CIVETCHI

Desde hace 8 meses, 8 trabajadores de la empresa mixta CIVETCHI, C.A. ubicada en el estado Carabobo, permanecen detenidos en la cárcel de Tocuyito en esa entidad, luego que intentaran organizar un sindicato.

“El gobierno no quiere sindicatos y la orden que tengo es acabarlos, o sea, hacer todo lo posible para que no se instale el sindicato”. Estas son palabras que según denuncian los trabajadores de Civetchi, C.A., fueron pronunciadas por el presidente de esta empresa al finalizar una reunión, en la que posteriormente 8 de ellos fueron detenidos por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

CIVETCHI, C.A, es una empresa mixta con 51% de sus acciones bajo propiedad del Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para Industrias, el restante 49% pertenece al empresario Flavio Falsiriolli, presidente de la misma. Esta empresa, ubicada en la Zona Industrial de Valencia, ensambla camionetas y camiones con tecnología china.

Presos por defender el derecho a sindicalizarse

A principios de 2013, los trabajadores de CIVETCHI que habían venido denunciando atropellos y precarización de sus condiciones de trabajo, decidieron tomar las acciones necesarias para constituir un sindicato.

En abril de ese año, luego que la directiva de la empresa se opusiera a la iniciativa, el SEBIN detuvo a los 8 trabajadores que encabezaron las luchas, acusándolos de extorsión y asociación para delinquir.

Inicialmente permanecieron detenidos en la sede del organismo en Valencia. La audiencia preliminar prevista a celebrarse el 26.07.2013, fue diferida ya que el empresario Flavio Falsiriolli estaba fuera del país.

El 29.08.2013 se realizó finalmente la audiencia, y allí se les solicitó a los trabajadores la admisión de los hechos, pero dada la negativa de estos, la juez de la causa ordenó la reclusión de los 8 trabajadores en el Internado Judicial de Carabobo en Tocuyito, donde permanecen desde hace 8 meses, criminalizados por luchar y presos por defender derechos.

Libertad sindical amenazada

La libertad sindical como derecho humano consagrado en pactos internacionales suscritos por el país y en la Constitución Nacional, ha sido reiteradamente amenazada en los últimos años. Las principales amenazas se han realizado en empresas e instituciones del sector público, sin embargo, cada vez son más frecuentes las medidas hostiles contra sindicalistas que participan en conflictos y contra trabajadores que intentan organizar sindicatos en empresas privadas, o con propiedad mixta entre privados y el Estado.

Más de 150 trabajadores y sindicalistas enfrentan procesos judiciales en tribunales del país luego de haber defendido derechos como el salario y la libre sindicalización. Medidas adoptadas por instituciones del Estado han limitado el ejercicio de la libertad sindical, y han sido acompañadas por episodios de hostigamiento policial, amenazas a la integridad, descalificaciones públicas y prohibiciones de acercarse a sitios de trabajo.

En materia legislativa, un conjunto de leyes regresivas penalizan las formas de lucha de los trabajadores, entre ellas la huelga, limitando la posibilidad de que estos ejerzan la libertad sindical sin amenazas y retaliaciones de ninguna índole.

Por ello, en diciembre pasado Provea junto a varias organizaciones sindicales, demandó la nulidad parcial de la LOTTT, precisamente en aquellos artículos que violan y limitan este derecho y contravienen el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución Nacional.

Diálogo necesario

Hemos aplaudido la voluntad expresada por representantes del gobierno y la oposición, para dialogar y debatir los problemas que atraviesa el país.

Es tiempo que el Ejecutivo Nacional y los representantes del Estado expresen esa misma voluntad para abrir un diálogo sincero con los trabajadores y sus organizaciones, aún más, en un contexto marcado por el ascenso de la conflictividad y la protesta social producto de las demandas insatisfechas.

El Estado y sus instituciones, pero principalmente el Ejecutivo Nacional, está en la obligación de escuchar y atender los reclamos de los trabajadores, de detener la creciente criminalización de sus luchas y de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Desde Provea exigimos la libertad para los trabajadores de CIVETCHI y el cese de la criminalización de la protesta social.

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